Ahora hará un mes que entró en vigor el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) en Cataluña que regula los precios de los temporales (de 11 meses o menos), con excepción de aquellos con finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, y los alquileres de habitaciones. La medida prohíbe la subida de precios de los alquileres temporales destinados a finalidades laborales, profesionales, de estudios, asistencia médica u otras situaciones de tiempo limitado. Además, también establece la prohibición en casos de tratarse de uso para la vivienda, aunque sea temporal. El objetivo es evitar que se eluda la aplicación de la normativa de la Ley de Vivienda que entró en vigor el 26 de mayo de 2023 con el alquiler de habitaciones y de temporada, pero, parece ser que, de nuevo, los efectos no se han hecho esperar: desplome de la oferta y su consecuente subida de precios.

Según el macro portal inmobiliario Idealista propietarios y gestores de pisos eliminan sus anuncios a la espera de que la situación se aclare en Catalunya, lo que ha provocado la retirada del 30% de los anuncios de alquiler. Según los últimos datos, la oferta de pisos en alquiler en Barcelona ha caído a la mitad en los últimos seis meses. Un descenso en la oferta que deja en mínimos el mercado de vivienda disponible en la ciudad y que, de nuevo, ha provocado la subida de precios, de manera que, actualmente, dos de cada tres anuncios son viviendas a más de 2.000 euros al mes.

Es evidente que las administraciones intentan atacar el problema desde el ángulo incorrecto porque, no solo, no consiguen sus objetivos, sino que sus medidas agravan el problema.

En 2023 no se vendieron más viviendas de obra nueva porque no había más producto en el mercado. Deberíamos enfocar la solución desde la visión de que es necesario ampliar el número de viviendas disponibles para así compensar la oferta con la demanda y equilibrar los precios. Entre las múltiples soluciones estaría ampliar el volumen de suelo disponible para edificar, reconfigurar las ciudades para ampliar el número de viviendas disponibles o aumentar la colaboración público-privada para poder generar más suelo.

Sobre este último punto, cabe destacar que España sigue a la cola de Europa en vivienda protegida, con apenas un 2,5% de su stock de vivienda destinado a protección oficial o vivienda asequible. Este escenario destaca en un panorama europeo donde la vivienda protegida es un pilar fundamental para garantizar el acceso a un hogar digno.

En resumen, las soluciones ya ejecutadas que se supone, dan solución al problema de la vivienda son totalmente ineficaces porque su único objetivo es político: no tratan de modificar las condiciones de la realidad que lo ocasionan, sino que intentan modificar ficticiamente sus efectos incidiendo sobre las consecuencias y no sobre sus causas.